Investigadores del Cides piden declaratoria de desastre ante catástrofe en la Chiquitanía

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Los docentes investigadores del Postgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés (Cides-UMSA) se sumaron a las voces que piden al Gobierno central que declare desastre nacional en la Chiquitanía, porque la "catástrofe" no se limita a esa región, sino advierten que tendrá efectos en el conjunto de ecosistemas integrados del país.

Cides-UMSA a través de un pronunciamiento denominado "Chiquitanía en llamas" expresó su preocupación por las dimensiones "desastrosas" del incendio en esa región, que afectan a la naturaleza y a los pueblos indígenas de tierras bajas, y cómo las autoridades enfrentan este problema sin tomar en cuenta el carácter estratégico y patrimonial ni la importancia que tienen para asegurar la soberanía alimentaria, su preservación y desarrollo.

En un documento donde hacen varias consideraciones, se suman a las voces que piden que el Gobierno central declare desastre nacional en la Chiquitanía, para que todas las instituciones de los diferentes niveles de gobierno atiendan esta desgracia.

"Nos sumamos a la exigencia de declaratoria de "desastre nacional", que obligue al gobierno, gobernaciones y municipios afectados, como a todas y todos nosotros, a priorizar la atención a esta desgracia y atenderla como corresponde, incluyendo una reflexión autocrítica de nuestros actos y estilos de vida", sostienen.

Dicen que si bien el cambio climático generado por la acción humana, la industrialización depredadora y la desmesurada búsqueda del crecimiento sin rumbo, es una agravante y detonantes del fuego en esas regiones. Sin embargo, "el fuego ha sido también atizado por concepciones, políticas, leyes y estrategias que promueven un modelo depredador que ignora advertencias académicas, sociales, científicas e institucionales de todo tipo".

Según los investigadores, la "catástrofe no es sólo de la Chiquitanía" ni un problema del ecosistema chiquitano, ni de otros lugares afectados, tampoco se restringe solo al departamento de Santa Cruz, que vive los mayores efectos de los incendios de hace más de 40 días.

"Tendrá efectos en el conjunto de ecosistemas integrados del país que ya emergen; los problemas y la conflictividad social y política se ampliarán peligrosamente pudiendo convertirse en una crisis inmanejable en todo orden", se lee en el documento.

Para el Cides el problema de fondo está en el modelo de desarrollo extractivista adoptado largamente por el país y acentuado en los últimos años, agravado ahora por la falta de transparencia y eficiencia de las instituciones a cargo de esta problemática, en especial el Ministerio de Medio Ambiente (con atención en la ABT), Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (con atención en el INRA), el Tribunal Agroambiental y la Autoridad de la Madre Tierra.

De acuerdo a la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) desde enero al 7 de septiembre, 2.904.286 hectáreas de superficie fueron afectadas en todo el territorio nacional, el departamento de Santa Cruz es el más afectado con 2.067.329 hectáreas entre áreas boscosas y no boscosas.

Por otra parte, también rechazaron de manera vehemente la violencia que busca instalarse en el país para enfrentar los problemas socioeconómicos y políticos, sea mediante prácticas autoritarias estatales o de sello regionalista.

Condenan los intentos de encubrir el fondo del desastre mediante expresiones de racismo por las que peligrosamente se enrumba el conflicto a riesgo de intensificarlo y confluir en una solución por vía de estructuras disciplinarias que en nuestra historia han tenido un trágico desempeño.

Con la misma vehemencia hicieron un llamado "a deponer la forma antidemocrática y tozuda con la que el partido de gobierno busca sostener su hegemonía, sin reparar en las graves consecuencias que esto tiene para nuestro devenir como sociedad organizada".

Ratificaron un invariable compromiso con la democracia, legado del pueblo boliviano que hace 40 años, representado por un puñado de mujeres, alzó las banderas de las libertades políticas, para abrir sin cortapisas el derecho a la libre expresión para que todos y todas, sin exclusiones y bajo la organización que mejor nos exprese, deliberemos sobre los destinos del país.

Y alentaron a "la construcción de un derrotero, que el conocimiento que se produce en la universidad pública -requerido hoy más que nunca- apuntale un debate sereno sobre el presente y futuro de Bolivia, en el que el ambiente natural, el desarrollo socioeconómico sostenible, los derechos humanos, particularmente de los pueblos y comunidades indígenas, sean el centro de una deliberación democrática".

Fuente: La Paz, 15 (ANF)