Asimismo, indicó que, según los datos preliminares obtenidos, la vÃctima como dirigente de la urbanización, estaba en contra de los avasalladores, a fin de proteger su comunidad y fue a raÃz de esto que recibÃa todo tipo de amenazas.
"Lamentablemente hay abogados, exarquitectos y todo tipo de funcionarios públicos en el municipio, que en algún momento tuvieron conocimiento sobre el tema de terrenos e hicieron sobreposiciones de los mismos, que eran terrenos ya establecidos, con derechos propietarios legÃtimos y ahà es donde comenzó la disputa. Es decir, que ambas partes tienen los derechos propietarios de ciertos terrenos, producto de actos de corrupción de funcionarios municipales".
En varios casos se determinaron una serie de procesos civiles y penales a fin de dar solución a este problema, pero en este caso llegamos a un lamentable desenlace", indicó el fiscal departamental.
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