Informático sueco detenido en Ecuador exige acceso a expediente completo

El abogado del informático sueco Ola Bini, Carlos Soria, denunció este lunes que pese a haber terminado la instrucción fiscal contra su cliente, la defensa sigue sin poder acceder al expediente completo del caso.

"Han pasado más de 39 horas desde que se terminó la instrucción fiscal en el caso de Ola Bini y, como defensa técnica, seguimos sin acceso al expediente completo", denunció el abogado a través de redes sociales.

Para Soria, se han cometido ilegalidades durante el proceso judicial contra su defendido, que reside en Ecuador desde 2013 y está acusado de espionaje cibernético.

El proceso de instrucción contra el informático sueco, de 37 años y detenido el 11 de abril, en coincidencia con el final del asilo al fundador de Wikileaks Julian Assange, concluyó el sábado.

Dos días antes de acabar el periodo de investigación, se volvieron a reformular cargos contra él, antes acusado del delito de "ataque a la integridad de sistemas informáticos" y ahora de "acceso no consentido a un sistema informático".

Soria se quejó en ese sentido que la defensa "sólo tuvo dos días para defenderse del nuevo delito" y, además, "el fiscal intentó añadir nueva información que los abogados no pueden analizar".

El fiscal del caso y un representante de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) argumentaron, en la vista celebrada el jueves, que Bini había ingresado sin autorización en la red local privada de la corporación, que prestaba servicios a la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) y a la empresa pública Petroecuador.

El desarrollador sueco fue detenido en abril en el aeropuerto de Quito cuando se disponía a viajar a Japón, y en un primer momento las autoridades ecuatorianas apuntaron a que podría ser autor de espionaje y piratería cibernética.

Su caso, que es seguido por Amnistía Internacional (AI), que el pasado lunes denunció que el Gobierno de Ecuador habría interferido en el proceso penal, dio un giro recientemente al abrirse una nueva diligencia fiscal a raíz de que aparecieran nuevos datos en un móvil incautado al informático.

Fuente: Quito, 2 (EFE)