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Sábado 09 de agosto de 2014

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Sábado 09 de agosto de 2014
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Oruro - Regional

Sentencian a exprefecto a seis años de presidio

09 ago 2014

Fuente: LA PATRIA

Seis años y 10 meses de cárcel, es la sentencia más elevada que se dictó ayer por la mañana, en el Tribunal de Sentencia Nº 2, donde asistieron cuatro de los cinco acusados en el caso “Puerto Seco”, entre ellos el exprefecto Alberto Luis Aguilar, para su reclusión en el penal de San Pedro.

El juez de dicho tribunal, Agustín Flores, fue el encargado de hacer conocer el veredicto que todo ese cuerpo colegiado en forma unánime decidió, referente a la acusación que se hizo en contra de los exfuncionarios, Alberto Luis Aguilar, Tomás López, Patricia Jaldin, Víctor Hugo Moreno y Fidel Gutiérrez (†) por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, uso indebido de influencias y contratos lesivos al Estado en la licitación inicial del proyecto “Puerto Seco”.

La sentencia se la conoció poco antes de las 11 de la mañana, en el salón que albergó tanto a Aguilar como a los demás exfuncionarios por varios días, caso por caso detallando que los mismos tienen 15 días para apelar esa decisión y que este próximo miércoles se leerá la resolución completa.

La sentencia condenatoria menciona que Aguilar Calle es autor de los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, uso indebido de influencias y contratos lesivos al Estado por lo que se lo sentenció a seis años y 10 meses de presidio más 400 días multa a razón de Bs. 2.50 por día.

A Víctor Hugo Moreno Sotomayor se lo declaró autor de los delitos de incumplimiento de deberes, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y uso indebido de influencias con la pena privativa de libertad de dos años de presidio más 100 días multa a razón de Bs. 2 por día.

A Tomás López se lo declaró autor de los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y uso indebido de influencias con la sentencia de seis años de presidio más 300 días multa a razón de Bs. 2.50 por día.

A Patricia Jaldin, se la declaró culpable de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, condenándola con la pena privativa de cuatro años de reclusión.

Se concedió el perdón judicial a favor de Víctor Hugo Moreno debido a que su pena no excede dos años de reclusión.

ACUSADOS

Al respecto, los acusados, López y Aguilar, tras concluir la audiencia, dijeron que la sentencia fue sometida ante la presión que originó la presencia de la viceministra de Lucha Contra la Corrupción del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Jessica Saravia, que permaneció en dicha audiencia durante dos días.

“Lamentablemente escuchamos esta sentencia emitida por este Juzgado que tampoco tuvo la capacidad de analizar los documentos de descargo y finalmente se sometió a la presencia de la viceministra de Transparencia que durante todo este tiempo presionó al Ministerio Público y hoy vemos un sometimiento absoluto del Órgano Judicial a lo que diga el viceministerio de Transparencia”, detalló López.

Asimismo, el exprefecto manifestó su preocupación por el actuar de la justicia pues, según él, demostraron durante el juicio oral que duró al menos cinco años, sus descargos.

“Hay instancias, vamos a apelar, hay una apelación restringida, vamos a presentar nuestra argumentación y estamos convencidos que este tipo de justicia tiene que someterse a un proceso que vamos a iniciar por prevaricato a los jueces, les vamos a hacer un proceso a los fiscales por incumplimiento de deberes porque ellos no investigaron durante todo este tiempo y repitieron el mismo libreto que vino del Viceministerio de Anticorrupción, no aportaron mayores elementos de prueba”, afirmó Aguilar.

El Ministerio Público que estaba representado por los fiscales de materia, Aldo Morales y Alfredo Santos, alabó la sentencia toda vez que en base a los peritajes se evidenció que existió un daño económico al departamento de Oruro, como el incumplimiento a las normas de desembolso de dineros estatales.

“Son cerca de 98 mil bolivianos que se sacaron para la socialización, son 91 mil bolivianos que se utilizaron a efecto de la locación y son cinco millones que se cancelaron a efecto de que tanto el Ministerio Público verificó el pago a la empresa Prointec”, refirió el fiscal Morales.

Añadió que de lo desembolsado se habría recuperado cerca de dos millones de bolivianos pero el resto continuaría siendo una pérdida para Oruro.

Fuente: LA PATRIA
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